¡S.O.S, oposiciones!

                “Colapso”, así es como la Comisión Interasociativa, que reúne a las asociaciones de jueces y fiscales del Estado, define la situación de la Justicia española. De hecho, informes oficiales del Consejo de Europa sitúan la ratio de jueces en España muy por debajo de la media europea, a niveles de Turquía y Azerbaiyán: hay diez jueces por cada 100.000 habitantes, mientras que en Europa la media es de veinte. Sin embargo, si tenemos en cuenta la carga de trabajo soportada, España se sitúa entre las primeras posiciones.

Aunque se trata de una situación que afecta desde hace tiempo a la Administración de Justicia, el aumento de la litigiosidad a causa de la crisis económica y la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que quiere llevar a cabo el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, han caldeado los ánimos todavía más.

Y es que una de las medidas que prevé esta reforma es la reducción de la figura del juez sustituto. Si además tenemos en cuenta que durante el 2012 las oposiciones para juez y fiscal han permanecido congeladas y que para el siguiente año sólo se prevé la convocatoria de cincuenta plazas entre las dos carreras –según establece la disposición decimocuarta de los Presupuestos Generales del Estado para el 2013 y tal y como confirmó el Secretario de Estado de Justicia, Fernando Román– no es de extrañar que una de las principales reivindicaciones de la Comisión sea el incremento del número de jueces y fiscales.

A pesar de las diversas reuniones mantenidas con el Ministerio de Justicia, las diferentes Asociaciones consideran que no se están proporcionando soluciones adecuadas a los problemas que presenta la Administración de Justicia y es por este motivo que han tomado medidas.

Durante el pasado mes de noviembre, se acordó cumplir rigurosamente las horas de audiencia y tramitar un volumen razonable de asuntos en los juzgados, según las directrices establecidas por el propio Consejo General del Poder Judicial sobre la carga deseable que debe asignarse a cada órgano judicial, con el objetivo de demostrar el sobreesfuerzo realizado durante los últimos años.

Ángel Dolado, portavoz del Foro Judicial Independiente, ejemplificaba la situación explicando que, aunque según el CGPJ los Juzgados de lo social pueden asumir 800 casos anuales, en la actualidad se llega a los 1.600 asuntos.

Esta ejecución minuciosa de la actividad establecida en un reglamento, y el retraso que provoca en el servicio, se conoce como vaga de celo y viene regulada por una norma preconstitucional –el Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo– que, curiosamente, la considera ilícita o abusiva, excepto que una prueba demuestre lo contrario.

También se han convocado concentraciones de Jueces y Fiscales y no se descarta la convocatoria de una huelga indefinida si desde el Ministerio no se proporciona una respuesta que satisfaga sus demandas.

La otra cara de la moneda

745908_martillo_juez            Miles de personas preparan oposiciones cada año aspirando a obtener un puesto de trabajo en la función pública. Algunos lo hacen por vocación y otros intentando encontrar estabilidad dentro del precario marco laboral existente en la actualidad.

Se requiere mucha preparación para lograr el exigente nivel que se pide para aprobar los diferentes exámenes. Esfuerzo, dedicación, sacrificio y tenacidad para superar las constantes barreras que los opositores encuentran a su paso. Muchas horas de estudio, días y años.

Memorizar al pie de la letra más de 350 temas. Una hora para recitar cinco de ellos, escogidos al azar, delante de un tribunal. No una vez, sino dos. Y eso después de haber superado previamente un examen tipo test. No es fácil, no: los opositores viven para estudiar y durante una media de cinco años –aunque habitualmente son más– estudiar es toda su vida.

Como explicaba la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria en un comunicado, “el cuerpo de opositores no se puede improvisar”. Por eso es preocupante que muchos de ellos, con muchos años de formación a sus espaldas, estén decidiendo abandonar definitivamente sus estudios viendo un contexto cada vez más difícil y que no se adoptan medidas que hagan pensar que mejorará.

La situación que sufren los tribunales demuestra que son necesarios profesionales bien formados que entren en la Administración de Justicia para que ésta pueda funcionar de forma más eficiente y eficaz. Cuando por fin se les quiera dar cabida, habrá que ver si los opositores han estado esperando o se tiene que empezar de cero. Porque si ya no están, la Justicia tendrá otro gran problema.

Versión en catalán en El Jurista

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